La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró a Pío López Obrador, hermano del presidente Tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, y a David León Romero, extitular de la Comisión Nacional de Protección Civil, de delitos electorales. Tras dos años de investigación, y luego de la polémica suscitada en los últimos días por el poco avance en la indagatoria, finalmente el agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía de Delitos Electorales (FISEL) resolvió el no ejercicio de la acción penal contra dichas personas.
Pío Lorenzo López Obrador es uno de los siete hermanos del actual presidente de México y su carrera política ha estado ligada a la trayectoria del actual mandatario: ambos fueron militantes fundadores en el PRD, han participado en la búsqueda de puestos de elección y cada uno en su dimensión, fueron impulsores del Movimiento Regeneración Nacional, que en 2014 vio la luz como partido político.
Autoridades federales confirmaron que la determinación se tomó en las últimas horas luego de que se recabó nuevamente las testimoniales de ambos imputados y se revisó el caudal probatorio sobre la entrega de dinero por parte de León Romero a López Obrador.
De acuerdo con las autoridades, de los indicios analizados no se encontraron elementos probatorios para determinar la existencia de un acto ilícito como se pretendió hacer ver tras la filtración de dos videos donde se muestra como León Romero entrega sobres llenos de dinero al hermano del Presidente.
Según la denuncia que en su momento se presentó contra ambas personajes, el efectivo habría servido para el financiamiento ilegal de las campañas de Morena en la elección de 2018, pero de las investigaciones realizadas por la FISEL no se pudo comprobar dicha imputación. Por ello, se decretó la no acción penal contra Pío López Obrador y David León Romero y, con ello, prácticamente se da por terminada la investigación debido a que, según el agente ministerial, el hecho denunciado no constituye ningún delito.
Tras la publicación del reportaje, se habló de actos de corrupción de parte del equipo de López Obrador, e incluso se insinuó posible lavado de dinero, pero de la investigación, que incluyó un análisis por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, este último delito tampoco se configuró.
