Los expresidentes del Partido Revoluciona Institucional (PRI), Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, acusaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ser “permisivo” frente al “atraco” de la dirigencia nacional tricolor, que culminó el domingo 11 de agosto de 2024 con la reelección de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en la presidencia del partido para los próximos cuatro años.
En un comunicado enviado a medios de comunicación, los exlíderes partidistas coincidieron en que el domingo se consumó la “farsa” y consideraron que la reelección de Moreno es “producto de una Asamblea Nacional ilegal, a partir de una reforma ilegal de los Estatutos y de un proceso de elección ilegal”.
Denunciaron que el reglamento de la asamblea en la que se modificaron los estatutos para permitir la reelección de la dirigencia no tuvo la aprobación del Consejo Político Nacional (CPN) y no se brindó información oportuna de los cambios que se iban a votar ni acceso amplio a las mesas de discusión para las y los delegados interesados en participar.
Los expresidentes señalaron que solamente cien personas fueron acreditadas en cada una de las mesas que discutían las reformas y que solo participaron “los consejeros nacionales elegidos a modo” por la dirigencia encabezada por Moreno.
“Históricamente la elección del Presidente del PRI incluía al Consejo Político Nacional y a los 32 Consejos Políticos de las Entidades Federativas del país. A partir de la reforma ilegal reciente de los Estatutos, se ha eliminado a los Consejos Políticos Estatales de la elección del dirigente nacional, reduciendo la participación de la militancia y también afectando la legitimidad de la elección, ya de por si devaluada”, precisaron.
Señalaron que por primera vez en la historia del PRI, el dirigente fue reelecto “a puerta cerrada, sin propuestas, ni debate, ni proyecto de futuro y donde la militancia estuvo ausente”.
Reiteraron que el PRI “es un partido secuestrado por la ambición personal de Alejandro Moreno, alejado del buen desarrollo institucional del partido”.
Además, consideraron que la reelección de Moreno afecta los principios de igualdad sustantiva y de paridad de género a la que está obligado el PRI, conforme a la Constitución, debido a que no permite la alternancia en el género de la dirigencia.
Los tres consideran que el daño se podría reparar si el Instituto Nacional Electoral y el TEPJF anulan la Asamblea Nacional priista y todos los actos derivados de ella, como la reelección de la dirigencia, aunque consideran que el “daño moral” ante la sociedad “será muy difícil de resarcir”.
TEPJF fue ‘permisivo’
Sauri, Ochoa y Coldwel calificaron como “lamentable” que el Tribunal Electoral haya sido “permisivo ante el atraco”, luego de que sólo tres magistrados de la Sala Superior permitieron “que la larga cadena de ilegalidades culminara en la reelección de Alejandro Moreno”.
“Tuvieron la oportunidad de actuar y decidieron no hacerlo”, expresaron.
Cuestionaron el proyecto de la magistrada presidenta del TEJPF, Mónica Soto, que fue remitido al INE y el PRI, porque no fijó una “fecha límite” para que el partido resolviera, como había propuesto originalmente el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
“La consecuencia era previsible, el PRI no ha resuelto el caso, aplicando un tortuguismo burocrático, mientras cumple aceleradamente como liebre el proceso ilegal para reelegir a Alejandro Moreno”.
“El Tribunal Electoral debe enmendar su error y resolver en última instancia bajo criterios estrictamente jurídicos que no den lugar a retrasos, ni a sentencias cuestionables por parcialidad o falta de rigor jurídico”, afirmaron.
Advirtieron que en las acciones de impugnación contra la Asamblea Nacional y la reelección de la dirigencia nacional también participan con los integrantes del Frente Amplio de Renovación, formado por exgobernadores, exlegisladores federales y locales, exdirigentes estatales así como militantes del PRI en el país.
“Son cientos de cuadros y militantes quienes han suscrito tanto el Pronunciamiento de aplazamiento de la Asamblea Nacional, como presentado recursos jurídicos (amicus curiae) en contra de la ilegal reelección de la dirigencia”, puntualizan.
Los firmantes de los documentos ante las autoridades electorales han sido: Fernando Lerdo de Tejada; José Encarnación Alfaro; José Ramón Martel; José Reyes Baeza; y José Natividad González Parás. La vocera del Frente es Dulce María Sauri Riancho.
