La Comisión de Legislación del Congreso de Nuevo León aprobó reformas para que el gobernador Samuel García pueda ser investigado, acusado y juzgado por traición a la patria.
En el Congreso de Nuevo León avanzó este martes una iniciativa que busca someter al gobernador Samuel García a la revocación de mandato por «traición a la patria».
La Comisión de Legislación del Congreso estatal aprobó por mayoría la propuesta de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN).
En su momento, como senador de la República, Samuel García promovió la destitución del entonces gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien actualmente enfrenta un proceso por presuntos actos de corrupción.
Ahora, a casi nueve meses de asumir el cargo, es García Sepúlveda quien se enfrenta al intento de destitución a través de la figura de revocación de mandato, la cual es efectiva en Nuevo León desde diciembre de 2021.
El grupo parlamentario del PAN propone una reforma a la Constitución Política de Nuevo León relativa al decreto 84, efectuado el pasado 17 de diciembre, para que la figura de revocación de mandato sea efectiva a partir del 5 de octubre de 2025 y sea aplicable al gobernador en funciones, que seguiría siendo Samuel García, de acuerdo con los tiempos constitucionales.
«Para efecto de que el gobernador del estado pueda ser investigado, imputado, acusado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser juzgado cualquier persona», se lee en la iniciativa.
Luego de exponer los motivos por los cuales un funcionario de primer nivel debe ser juzgado igual que cualquier otro ciudadano que cometa actos de corrupción, en la propuesta se hace referencia a los últimos dos gobernadores que han pisado la cárcel: Rodríguez Calderón y Rodrigo Medina de la Cruz.
«En nuestro estado existen antecedentes de dos gobernadores que han estado en procesos penales, que han estado en prisión, y otros han realizado actos u omisiones que perjudican el aparato gubernamental, pero lamentablemente no han tenido consecuencia, pues se acogen a lo establecido por los ordenamientos vigentes, donde no pueden ser acusados», señala el documento.
En este sentido, el grupo parlamentario justificó que la figura del fuero constitucional «es insostenible», y es momento de dar certidumbre a los ciudadanos respecto a los actos y accesiones que realizan los gobernadores.
La propuesta prevé, además de las reformas constitucionales, otras modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, para que este ejercicio entre en vigor antes de octubre de 2025, para que Samuel García pueda ser sometido a este ejercicio.
En la votación de la Comisión de Legislación, la iniciativa se aprobó con los votos del PAN, PRI y Morena y sus aliados legislativos, mientras que los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), partido al que pertenece García Sepúlveda, se abstuvieron al considerar que había «inconsistencias y excesos».
