Genaro García Luna es originario de la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa nació el 10 de julio de 1968. García Luna creció en la colonia Romero Rubio , muy cerca de la expenitenciaria de Lecumberri. Su familia migró de Michoacán a la capital del país en los años sesenta. Él apenas tenía 12 años cuando agentes mexicanos lo reclutaron como “oreja” en las calles de la Venustiano Carranza. Entre robos, violencia y carencia, Genaro, quien fuera apodado “El Maldito”
Genaro García Luna ha sido declarado culpable de todos los cargos este martes 21 de febrero en Nueva York. Después de tres días de deliberaciones y cuatro semanas de declaraciones, el veredicto del jurado marca el final del juicio por narcotráfico y delincuencia organizada contra el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Ha sido el proceso judicial de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano que ha habido en Estados Unidos. La sentencia está prevista para el próximo 27 de junio. El antiguo jefe de la Policía Federal y zar antidrogas se enfrenta a una condena de 20 años de prisión a cadena perpetua.
“Culpable”. Esa ha sido la palabra que el juez Brian Cogan ha leído en cinco ocasiones después de que el jurado anunciara que había llegado a una decisión unánime. Los 12 ciudadanos estadounidenses elegidos para definir el destino de García Luna también afirmaron que la Fiscalía logró demostrar más allá de una duda razonable que el acusado colaboró durante más de 20 años con el Cartel de Sinaloa, desde que asumió como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) hasta la fecha. El exfuncionario, antiguo arquitecto de la guerra contra el narcotráfico y hombre de confianza de Calderón, recibió el veredicto visiblemente nervioso. Al final, antes de retirarse de la sala, miró a su esposa y a sus dos hijos, y asintió con la cabeza. No estuvo más de 20 minutos frente al juez. Nunca se le vio más angustiado durante el proceso judicial.
Detenido en Texas en diciembre de 2019, apenas cinco meses después de que Joaquín El Chapo Guzmán fuera sentenciado a cadena perpetua, García Luna se enfrentó a tres cargos por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas en la corte de Brooklyn. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, la misma que precipitó la caída del capo mexicano más famoso de los últimos tiempos, lo acusó de colaborar durante años con el Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.
La llegada del veredicto no estuvo exenta de suspenso ni de dramatismo en la recta final. Un par de minutos después de que se anunciara que el jurado había alcanzado un acuerdo, los integrantes tuvieron que salir una vez más de la sala porque olvidaron marcar la casilla de “culpable” en el cargo de delincuencia organizada. En esos minutos, se podía escuchar el ruido de un alfiler. La familia esperaba preocupada, los abogados no podían esconder la incertidumbre y algunos jurados estaban conmovidos casi al punto de las lágrimas.
No se hizo ninguna concesión a la defensa, los ciudadanos dieron la razón en todos los puntos en liza a la Fiscalía. “Han hecho un trabajo sobresaliente”, ha felicitado Cogan al jurado, que ha deliberado durante más de 15 horas en tres jornadas distintas. “Pocos países hacen esto, pero nosotros sí lo hacemos. Lo hacemos porque confiamos en ustedes, confiamos en su sentido común”, dijo el juez sobre la decisión de dejar la decisión a 12 ciudadanos.
“Con ayuda del Gobierno, el cartel creció en cuanto a territorio, en la cantidad de drogas que movíamos y eliminó a sus enemigos”, afirmó Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, el primer testigo llamado a declarar en el juicio. La misma tesis se repitió en las conclusiones de los fiscales. “Es imposible que el cartel se hubiera expandido como lo hizo sin el apoyo del Gobierno mexicano”, aseguró la fiscal adjunta Saritha Komatireddy el pasado miércoles.
Los testimonios del juicio también salpicaron a la Administración de Calderón. Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit y convicto por nexos con el narcotráfico, dijo que se dio la instrucción de proteger a El Chapo Guzmán sobre el resto de narcotraficantes. “La línea era El Chapo”, sostuvo Veytia. El expresidente negó que tales ordenes existieran durante su mandato. “Nunca negocié ni pacté con criminales”, respondió el exmandatario.
El juicio contra el antiguo miembro del Gabinete sentó en el banquillo de los acusados a la guerra contra el narcotráfico que se lanzó durante el Gobierno de Calderón y que marcó el ascenso meteórico para García Luna, hasta entonces un funcionario de segunda línea. Temido, ambicioso y poderoso, el hombre que puso rostro a la lucha contra las drogas se convirtió en una de las figuras más polémicas de la política mexicana.
Por órdenes del juez y por cómo se construyó el caso en Estados Unidos, muchas de las dudas que planearon sobre el legado del antiguo secretario de Seguridad se quedaron afuera de la corte. El proceso acabó al menos dos semanas antes de lo que se había previsto en un primer momento y fue criticado del otro lado de la frontera por la ausencia de pruebas físicas. “¿Dónde están las evidencias?”, cuestionó César de Castro, que encabeza la defensa de García Luna, en varios tramos del proceso. Los abogados del exfuncionario tienen 45 días para apelar el fallo.
En el juicio declararon algunos de los narcotraficantes más temidos de las últimas décadas como Óscar Nava Valencia El Lobo, líder del extinto Cartel del Milenio,o Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cartel de Sinaloa. También hablaron expolicías, exfuncionarios mexicanos, agentes del orden Estadounidenses y Anthony Wayne, exembajador de Estados Unidos en México. El proceso judicial desató una tormenta política en México, incluso con amagos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de demandar a De Castro por insinuar que El Rey también le había dado sobornos. En medio del huracán al otro lado de la frontera, Genaro García Luna se jugó su futuro en una corte de Estados Unidos.