Israel compareció ante la Corte Internacional de Justicia acusada por Sudáfrica de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en Gaza.
Las audiencias –públicas y transmitidas en vivo por el canal televisivo de la ONU– se llevaron a cabo los días 11 y 12 de enero pasados en el solemne Palacio de la Paz de La Haya, sede de la Corte. No llegaron al fondo del caso –ese proceso judicial suele llevar años–, sólo se centraron en la “apremiante necesidad” de medidas cautelares para proteger a los palestinos de Gaza contra daños mayores, graves e irreparables” que Sudáfrica planteó ante la Corte Internacional de Justicia el pasado 29 de diciembre.
El día 11 los seis representantes legales de Pretoria –entre ellos Ronald Lamola, ministro de Justicia de Sudáfrica– justificaron durante tres horas sus acusaciones contra Israel.
Sin dejar de condenar la violencia extrema de los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre –los peores desde el Holocausto, cuyo saldo de mil 200 muertos y 250 secuestrados conmocionó a toda la sociedad israelí–, Lamola enfatizó:
“Ningún ataque armado perpetrado en el territorio de un Estado, cualquiera que sea su gravedad y aun si incluye crímenes atroces, puede justificar la violación de la Convención de 1948 (sobre genocidio)”.
Basándose en datos e informes proporcionados por responsables de las 23 organizaciones de las Naciones Unidas involucradas en Gaza, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONG internacionales, palestinas e israelíes y también por voceros oficiales de Israel y de Hamás, los representantes legales de Sudáfrica expusieron la situación dantesca en la que se debaten los 2.26 millones de palestinos cercados en el pequeño enclave de 45 kilómetros cuadrados y bombardeados día y noche
Este 26 de enero de 2024 se dio a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia. El Tribunal Mundial no ordena la suspensión inmediata de la ofensiva de Israel contra Gaza, pero exige, entre otras medidas, que el Estado hebreo “evite y castigue toda incitación directa y pública a cometer genocidio contra los palestinos” del enclave, y que tome medidas urgentes para que se pueda proveer servicios básicos y asistencia humanitaria a sus habitantes.
