En México, la mayor parte de los abortos practicados son abortos clandestinos, y eso implica que podrían ser inseguros, sin las condiciones ni la información necesarios, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Es importante señalar, que lo que se debe reducir es el número de embarazos no deseados, esto se puede lograr a través del acceso a información e insumos de anticoncepción, sexualidad y servicios de salud.
Una histórica decisión que impedirá que cualquier mujer en México vaya a prisión por abortar como “inconstitucional” declaró la Suprema Corte el sistema jurídico que penaliza el aborto en el ámbito nacional. Según el fallo del máximo tribunal constitucional, tipificar como delito la interrupción voluntaria del embarazo-como lo establece el Código Penal-viola los derechos humanos de las mujeres. Por tanto, la Corte declaró que la sección de la ley nacional que lo sanciona debe ser anulada.
El veredicto se da como respuesta a un amparo presentado por el Grupo de Información para la Reproducción Elegida (GIRE) y otras organizaciones sobre los artículos 330 al 334 del Código Penal Federal, que castigaban con penas de prisión la práctica de abortos voluntarios.Además, la decisión unánime de los once jueces que integran el tribunal significa que las instituciones de salud pública, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), deberán otorgar el servicio de forma gratuita a cualquiera que lo solicite, remarcó GIRE.
«Ninguna mujer o persona embarazada, ni ningún trabajador de la salud podrá ser castigado por abortar», afirmó la ONG en un comunicado.Ahora, los jueces de las regiones que todavía penalizan el procedimiento tendrán que tener en cuenta el fallo del tribunal superior.
Aunque la capital del país despenalizó el aborto hace 15 años, en algunos estados todavía es considerado ilega el pronunciamiento de este 6 de septiembre llega dos años después de que la Corte dictaminara que el aborto no constituía un delito en el estado de Coahuila, en el norte del país.Asimismo, en ese momento, el pleno de la Suprema Corte emitió una sentencia en la que declaraba constitucional el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, basada en el caso de Coahuila, pero las autoridades regionales aún preservaban la potestad de continuar con la penalización.
Ese veredicto de 2021 desencadenó un largo proceso para descriminalizar el aborto, estado por estado de hecho, la semana pasada Aguascalientes, en el centro de la nación, se convirtió en el duodécimo estado en despenalizar el aborto.El fallo que ahora aplica para todo el territorio mexicano se produce en momentos en que varias naciones de América Latina flexibilizan las restricciones del aborto países como Colombia, Argentina, Uruguay y Cuba lo han legalizado.
Sin embargo, ese derecho todavía encara fuertes desafíos en lugares como Honduras y Nicaragua, donde está completamente prohibido.Caso contrario a Estados Unidos, donde el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido drásticamente limitado, luego de que en 2022 la Corte Suprema anulara el histórico fallo conocido como Roe vs. Wade, que desde 1973 protegía el derecho a ese procedimiento a nivel federal desde entonces, el acceso al aborto en la primera potencia quedó a potestad de las autoridades de cada estado.