Quintana Roo: Cantinflea Cristina Torres con sanciones a automovilistas alcoholizados

by Redaccion

Así como dice una cosa, Cristina Torres dice otra. Y es que durante la conferencia del gabinete de seguridad, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, expuso que si bien la medida modificar el artículo 186 con el objetivo de imponer penas de hasta dos a cuatro años de prisión a automovilistas que estén involucrados en accidentes de tránsito mientras conducen bajo los efectos del alcohol, no es “mala” en términos generales, al mismo tiempo reviró y se desdijo la funcionaria ya que añadió incongruentemente que “se requiere un análisis más exhaustivo para implementarla de manera efectiva y evitar posibles interpretaciones ambiguas”.

Empresarios rechazan reforma que penaliza a conductores en estado de ebriedad

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) manifestaron su rechazo conjunto a la reforma al artículo 186 del Código Penal del estado que establece penas de cárcel a quienes conduzcan en estado de ebriedad y piden mesas de análisis para replantear la reforma.

Dicha modificación reforma ya fue aprobada por el Congreso del estado, pero no ha entrado en vigor al no haberse publicado en Periódico Oficial del Estado. Julio Villarreal Zapata, presidente de la Canirac en Cancún destacó que la reforma generará más extorsiones y corrupción entre la policía y los conducrtores.

“La ley debe ponerse a discusión, ya fue votada, aceptada por unanimidad y aún no se publica en el Periódico Oficial por lo cual desde esta mesa hacemos la solicitud a la gobernadora para que se pueda discutir”, expuso.

En este sentido, los representantes empresariales exhortaron al gobierno del estado, en específico a la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, a no publicar aún la reforma en el Periódico Oficial del Estado, y mientras tanto abrir pláticas para discutir las deficiencias de lo que se aprobó en el Congreso estatal y poder reforzarlo o, en su caso, descartarlo y atender a los ciudadanos con un enfoque más humanista.

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