Candidaturas

Sumergido actualmente en la polémica, el funcionario Rafael ‘Alito’ Moreno es el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). ‘Alito’ Moreno se ha convertido en un dolor de cabeza para su propia casa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y es que en los últimos meses se ha exhibido en más de una ocasión al dirigente del la organización tricolor.

Desde el primer momento en que asumió la dirigencia nacional, en agosto de 2019, Alejandro Alito Moreno se apropió del PRI mediante una serie de maniobras y sesiones amañadas del Consejo Político Nacional para aprobar cambios en los estatutos y, de esa manera, posicionar a los suyos en toda la estructura del partido, en el Comité Ejecutivo Nacional, en la Cámara de Diputados y, finalmente, para controlar a su voluntad la negociación de las alianzas con PAN y PRD y elegir a los candidatos en 2024.

A la usanza de los viejos caciques, a lo largo de dos años Moreno Cárdenas ha confeccionado una serie de normas partidistas que centralizan en él mismo todas las decisiones del PRI: desde la elección de los dirigentes seccionales, municipales y estatales, las alianzas o coaliciones con otros partidos, la selección de los candidatos a gobernador en la elección del próximo año en Coahuila y el Estado de México, así como de diputados, senadores y a la Presidencia de la República en 2024.

La más reciente de esas maniobras se consumó el pasado lunes 19, durante la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, el máximo organismo de decisión del partido, en la cual se aprobó por unanimidad un cambio de los estatutos para ampliar tres meses el periodo de Alito en la dirigencia del PRI a fin de negociar las alianzas para las elecciones federales.

Moreno Cárdenas había sido electo presidente del partido para un periodo que concluye el 18 de agosto de 2023. Pero ahora, con el apoyo absoluto del Consejo Político Nacional, en la sesión extraordinaria reformó el artículo 83 de los estatutos, fracción 37, con lo cual “puede prorrogar su periodo cuando la etapa para renovar su mandato concurra con un proceso electoral”.

Con el brazo en alto Moreno exclamó: “Con 458 votos a favor y cero en contra, se aprueban las diversas disposiciones para adecuar nuestro marco normativo y armonizarlos con el marco jurídico electoral y para el fortalecimiento de la organización de nuestro partido. ¡El PRI se fortalece ante los grandes retos!”.

Este cambio a modo de Alito en la presidencia nacional del PRI se debió a la reciente reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el “Plan B”, que en el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el inicio del proceso electoral se pase de septiembre a la tercera semana de noviembre del año previo a los comicios.

De ahí que, para asegurar el control en la selección de los candidatos para 2024, Moreno se cubrió al extender su presidencia 90 días y obligar a que la firma de alianzas pase necesariamente por sus manos.

“Desde que asumió la dirigencia hizo patente el sentido centralista, autoritario y patrimonialista de tomar el partido como una franquicia para el grupo que representa”, sostiene en entrevista José Encarnación Alfaro Cázares, exsecretario de Organización del PRI y dirigente del Movimiento Líder, una corriente nacional de opinión constituida en 2018 con el propósito de refundar el partido.

Encarnación Alfaro señala que esta estrategia de Moreno de quedarse con el control absoluto del PRI comenzó el 3 de agosto de 2020 con cambios “centralistas” en los estatutos del partido, en los cuales se modificaron los requisitos para integrar el Consejo Político Nacional, participar en los procesos de elección de dirigencia y postular a los candidatos.

Explica: “Con los cambios hechos le quitaron al partido la vocación federalista y el respaldo de las fuerzas regionales, y a partir de los nuevos estatutos se concentró en la dirigencia la elección de dirigentes, de candidatos y las alianzas. Además, con esos cambios estatutarios se estableció que, quien no compruebe que está inscrito en el registro partidario de Alito, en automático no puede participar en los procesos de elección de dirigencias o postulación de candidatos.